La Decisión 545 de la CAN establece que los nacionales de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia están permitidos de trabajar con un contrato de trabajo en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

El contrato de trabajo puede ser a plazo indefinido y el Trabajador Migrante Andino será considerado como un trabajador nacional y por lo tanto, no se le aplicará el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 689 en lo relacionado a los porcentajes limitativos y a la previa aprobación del contrato laboral por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

En el Perú a partir de enero de 2011 se ha creado el Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino – SIVITMA, el cual permite la emisión automática vía web de la expedición de la constancia del trabajador migrante andino así como la aprobación automática del contrato. Con ello, se está logrando un ahorro de tiempo y eliminación de desplazamiento por parte de los empleadores hacia el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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La Asociación Público Privada en su acepción más exacta, se restringe a aquellos casos en que el sector privado provee directamente un servicio público, pero que su intervención supone la participación financiera del Estado para hacer rentable el proyecto, en la medida que la rentabilidad financiera del negocio no es suficiente para utilizar el esquema clásico de concesiones. Los proyectos de Asociación Público Privada son proyectos de largo plazo para la provisión de servicios públicos o de infraestructura pública con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera, cuyo equilibrio financiero supone un cofinanciamiento parcial o total del Estado (pagos complementarios a los peajes o tarifas pagados por los usuarios; establecimiento de peajes “sombra”; cesiones en uso de terrenos, equipos; compromisos de compra de lo producido; etc.).

La gama de proyectos es amplia y va de la construcción, operación y mantenimiento de una infraestructura de uso público, a la prestación de un servicio municipal como el ornato público en las ciudades, pasando por ejemplo por la distribución gratuita de bonos (subsidios a la demanda) que permiten a los padres de familia elegir a qué escuela bajo gestión privada enviarán a sus hijos.

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