En MIRANDA LAWYERS, la satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo principal, por ello hemos apostado por ofrecerles un servicio integral, donde puedan contar en todo momento con un magnífico asesoramiento legal, proporcionado por profesionales con una larga experiencia en la materia.

MIRANDA LAWYERS ha desarrollado el concepto de “asesoramiento legal integral” que consiste en brindar a su empresa, soluciones eficaces en cualquiera de las áreas relacionadas al derecho corporativo. Para este servicio, se cobran honorarios mensuales fijos (tarifa plana), que resultan bastante ventajosos para todos los empresarios.

Este servicio de asesoría legal está relacionado a diversas áreas del derecho que atañen al tema empresarial, tales como: derecho laboral, societario, civil, tributario, contractual, administrativo, licitaciones, migratorio, marcas, auditorias preventivas, penal económico, y en general, todas aquellas disciplinas jurídicas que interesan al negocio de la empresa.

En qué te puede ayudar nuestro equipo de asesoría legal y jurídica?

Así las cosas, se debe entender por sucursal de sociedad extranjera, el o los establecimientos de comercio abiertos por ésta última en el territorio nacional para la ejecución de actividades permanentes. Lo anterior, permite precisar que la sucursal no es un ente autónomo distinto de su casa principal, por cuanto no goza de personería jurídica independiente.

De otra parte, para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, debe incorporar una sucursal con domicilio en el territorio nacional, conforme lo dispone el estatuto mercantil. En toda operación debe examinarse si la actividad que va a desarrollar una sociedad extranjera en el país, implica una “actividad permanente” que la obligue a incorporar una sucursal.

El Código de Comercio colombiano no define de manera expresa qué se entiende por actividad permanente, tan sólo realiza una enumeración de actividades disímiles que considera permanentes, a saber: a) abrir dentro del territorio colombiano establecimientos mercantiles u oficinas de negocios, aunque estos solamente tengan un carácter técnico o de asesoría; b) intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios; c) participar de cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado; d) dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios; e) obtener del Estado colombiano una concesión, o que ésta le hubiere sido cedida a cualquier título, o que en alguna forma participe en la explotación de la misma; f) el funcionamiento de asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio nacional.

Sin embargo, se ha considerado que la disposición citada debe aplicarse a cada caso concreto, según las circunstancias específicas que rodeen el desarrollo de tales actividades (su naturaleza, habitualidad o duración) en miras a determinar si ostentan un carácter de permanencia o por el contrario, de transitoriedad.

Creación.- La sucursal de sociedad extranjera es un establecimiento de comercio de una sociedad extranjera, constituido por su casa principal, razón por la cual carece de personería jurídica diferente de la de aquella. Así, debe incorporarse mediante escritura pública ante una Notaría Pública del domicilio fijado para la sucursal en Colombia.

Los siguientes son los documentos que deben protocolizarse ante la Notaría Pública para efectos de formalizar la constitución o creación de la sucursal: (i) documentos de fundación de la casa matriz de la sucursal; (ii) estatutos sociales de la casa matriz de la sucursal; (iii) resolución de apertura de la sucursal emitida por el órgano competente de la casa matriz en la que se apruebe la incorporación de la sucursal en Colombia; (iv) documentos que acrediten la existencia de la sociedad extranjera; (v) documentos que acrediten la personería de los representantes de la casa matriz.

La Notaría Pública expedirá copias de la escritura pública que contenga los anteriores documentos. Una de las copias de la escritura debe ser registrada ante la Cámara de Comercio del domicilio de la sucursal, quien actúa como entidad competente del registro de las sucursales y sociedades en Colombia. Por solicitud de cualquier persona natural o jurídica, la Cámara de Comercio expedirá certificados que evidencian la existencia y representación legal de la sucursal, así como información sobre el nombre, objeto social, domicilio y capital asignado, y el nombre de sus representantes legales y revisores fiscales.

Finalmente, la sucursal de sociedad extranjera deberá registrarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante la solicitud del Registro Único Tributario (RUT), el cual evidenciará el Número de Identificación Tributaria (NIT) asignado a la sucursal.

Una vez completado el trámite anterior, la sucursal podrá iniciar operaciones en Colombia.

Nombre.- Al no ser persona distinta de la sociedad extranjera que constituye su casa principal, se anuncia con el mismo nombre de ésta, adicionando la expresión “Sucursal Colombia”.

Capital asignado.- El capital de las sucursales es asignado por su casa principal y constituye, en principio, la prenda general de las obligaciones que contraiga en Colombia. Adicionalmente, el capital (señalado en el documento de incorporación de la sucursal) debe pagarse íntegramente al momento de su creación o constitución.

La casa principal tiene la opción de realizar envíos a la sucursal de inversión suplementaria al capital asignado (cuenta de balance donde se registran las disponibilidades de bienes, divisas o servicios que permanecen en la cuenta corriente de la casa principal durante la vigencia anual a la que correspondan las utilidades o aportes).

La diferencia práctica entre el capital asignado y la inversión suplementaria al capital asignado consiste en que, si se decide aumentar el capital asignado de la sucursal, debe efectuarse una reforma al acto de apertura que debe protocolizarse mediante escritura pública y registrarse en la Cámara de Comercio competente. En el caso de la inversión suplementaria, no es necesario efectuar dichos trámites.

Órganos sociales.- En razón a que la sucursal de sociedad extranjera es un establecimiento de comercio, sus órganos principales corresponden a aquellos de su casa principal. Sin embargo, para efectos de representación de la sucursal existe un mandatario general que cumple las funciones de administración del establecimiento y representación frente a terceros de la sociedad extranjera a la cual pertenece. Adicionalmente, por disposición legal, las sucursales de sociedades extranjeras están en la obligación de nombrar revisor fiscal, quien cumplirá funciones de auditoría externa.

Decisiones.- Salvo aquellas decisiones que correspondan a la administración y al giro ordinario de los negocios que se encuentren dentro de las facultades asignadas al mandatario general, todas las decisiones de importancia son adoptadas por el órgano competente de la casa principal, de acuerdo con las normas que regulen el tipo social correspondiente en el país de origen.

Causales especiales de liquidación.- Teniendo en cuenta que la sucursales una simple extensión de su casa principal y depende de ella para subsistir, ésta se liquidará según las causales que, para tal caso, se hayan pactado para la casa principal. Adicionalmente, le resultan aplicables las causales generales de disolución de las sociedades comerciales colombianas, en razón a su asimilación a las mismas, siempre que resulten compatibles con su naturaleza jurídica.

Utilidades.- Las utilidades generadas por la sucursal pueden ser giradas al exterior en su totalidad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

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Sin perjuicio de las sanciones que correspondan imponer a los infractores, por los efectos de las actividades realizadas, sin contar con la correspondiente certificación ambiental, resultaba necesaria una intervención oportuna del Estado, de tal forma que obligue a los responsables a adoptar las medidas de remediación, rehabilitación, reparación y la eventual compensación en términos ambientales, de las áreas afectadas por dicha intervención.

Es por ello que en noviembre del 2009 se expidió el Decreto Supremo N° 078-2009-EM cuyo objetivo es regular la implementación de medidas de remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado proyectos relacionados con las actividades mineras previstas en la Ley General de Minería tales como exploración, explotación, beneficio, almacenamiento de concentrado de minerales o actividades conexas o vinculadas a éstas, sin contar con la Certificación Ambiental aprobada por la autoridad competente. En esta norma legal se regula entre otros temas, las autoridades competentes para evaluar, aprobar y fiscalizar los Instrumentos de Gestión Ambiental o las Certificaciones Ambientales; el Plan de Remediación Ambiental y su contenido, así como los requisitos y procedimiento de evaluación del mismo; la ejecución de la garantía otorgada por el titular minero; la presentación excepcional del Estudio Ambiental, su contenido y procedimiento de evaluación; responsabilidades por la elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental; etc. A continuación veremos algunos de estos temas que contempla la norma legal en mención.

Plan de Remediación Ambiental.- El titular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado proyectos de actividades mineras tales como exploración, explotación, beneficio, o actividades conexas o vinculadas a éstas, sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente aprobada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), deberá elaborar y ejecutar un Plan de Remediación Ambiental, a fin de corregir la perturbación de las áreas utilizadas o afectadas por la ejecución de dichas actividades, de tal forma que alcancen, en la medida de lo posible, las características de un ecosistema compatible con un ambiente saludable y equilibrado  para el desarrollo de la vida.

La presentación y ejecución de las obligaciones y compromisos contenidos en el Plan de Remediación Ambiental se realizan previa paralización de las actividades debidamente constatada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y sin perjuicio de las medidas correctivas, cautelares, mandatos y sanciones impuestas o que correspondan imponerle al titular minero. Las medidas planteadas en el Plan de Remediación Ambiental pueden implicar, el retiro o demolición por cuenta y riesgo del titular, de las infraestructuras o construcciones realizadas sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente, siempre que técnicamente resulte inviable su permanencia de acuerdo a lo que determine la DGAAM.

Contenido del Plan de Remediación Ambiental.- El Plan de Remediación Ambiental será presentado para su aprobación ante la DGAAM, por el titular de la actividad objeto de remediación, o por quien asuma dicha responsabilidad voluntariamente. Esta presentación podrá ser a requerimiento del OSINERGMIN, y deberá contener lo siguiente:

(1) Una descripción detallada de todos los componentes mineros y las actividades mineras realizadas y/o ejecutadas sin haber estado amparadas en la Certificación Ambiental correspondiente, adjuntando planos, mapas a escala adecuada y otra información que resulte necesaria para la identificación de los componentes.

(2) La identificación y descripción detallada y fundamentada, de los impactos ambientales ocasionados o que se continúen produciendo por la ejecución de proyectos o realización de actividades mineras sin haber estado amparadas en la Certificación Ambiental correspondiente.

(3) La identificación y descripción detallada de las medidas de remediación ambiental a desarrollarse y del manejo  ambiental a considerar durante la ejecución de tales medidas.

(4) La identificación y descripción detallada de las medidas de compensación ambiental que se proponga efectuar por los impactos negativos o daños causados al ambiente sobre la base de los costos necesarios para su remediación.

(5) El presupuesto y cronograma mensualizado de las actividades de remediación, incluyendo sus costos.

(6) Los resultados de estudios, análisis, informes, monitoreos y otra documentación que resulte necesaria para fundamentar los planteamientos de remediación contenidos en el Plan de Remediación Ambiental.

(7) Fotografías de todas las áreas afectadas o impactadas por la realización de las actividades mineras sin contar con la correspondiente Certificación Ambiental.

(8) Un resumen ejecutivo del Plan de Remediación Ambiental.

(9) Una carta fianza o la constitución de un fideicomiso en garantía, a favor del Ministerio de Energía y Minas por el valor de ejecución de las medidas contenidas en el Plan de Remediación Ambiental.

Para la elaboración del Plan de Remediación Ambiental el proponente considerará, de manera referencial y según corresponda a la actividad realizada, la Guía para el Cierre de Minas aprobada por la DGAAM. El Plan de Remediación Ambiental será elaborado por una consultora de Planes de Cierre debidamente inscrita en el Ministerio de Energía y Minas.

Estudio Ambiental Extraordinario.- Los titulares mineros podrán presentar, de manera excepcional y en las condiciones establecidas en el decreto supremo, el Instrumento de Gestión Ambiental o Estudio Ambiental o la modificación de alguno preexistente respecto de actividades de exploración, explotación, beneficio, almacenamiento de concentrados y actividades conexas o vinculadas que hubieran realizado sin contar con la correspondiente Certificación Ambiental, si califica en alguno de los siguientes supuestos:

(1) Actividades por las cuales se hubiera iniciado un procedimiento administrativo sancionador a la fecha de la publicación del decreto supremo (08.11.2009) y se haya cumplido con el pago de las multas impuestas y con las medidas correctivas y cautelares dispuestas por el OSINERGMIN. En este supuesto, el titular de la actividad minera deberá comunicar por escrito a la DGAAM y al OSINERGMIN, su voluntad de acogerse a lo dispuesto en el decreto supremo.

(2) Actividades que se hubieran realizado a la fecha de la publicación del decreto supremo y que sean informadas por el propio titular minero al OSINERGMIN.

Contenido del Estudio Ambiental Extraordinario.- El Estudio Ambiental o la modificación de alguno preexistente, deberá contener:

(1) La información y estudios requeridos para el Estudio Ambiental o la modificación de alguno preexistente, conforme al marco normativo vigente, respecto de aquellas actividades que se planeen realizar o continuar.

(2) Respecto de las instalaciones o actividades realizadas sin estar amparadas en la correspondiente Certificación Ambiental, adicionalmente deberá considerarse: a) Descripción detallada de las instalaciones mineras y actividades mineras o proyectos realizadas y/o ejecutados sin estar amparadas en la correspondiente Certificación Ambiental; b) La identificación y descripción detallada y fundamentada, de los impactos ambientales y sociales que se hayan ocasionado o se vienen produciendo por la realización de las referidas actividades mineras o proyectos; c) El Plan de Remediación Ambiental con la identificación y descripción detallada de las medidas de mitigación o remediación ambiental a implementar y las medidas de manejo ambiental a considerar durante su ejecución; así como la fundamentación de cómo es que tales medidas garantizan la viabilidad ambiental del proyecto; d) Los resultados de estudios, análisis, informes, monitoreos y otra documentación que resulte necesaria para fundamentar la viabilidad ambiental del proyecto; e) La identificación y descripción detallada de las medidas de compensación ambiental que corresponda efectuar por los impactos negativos ocasionados sobre la base de los costos necesarios para su remediación; f) El presupuesto detallado y cronograma mensualizado de las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental a ejecutar respecto de las actividades ya realizadas; g) Garantía financiera por el 100 % del monto necesario para ejecutar lo señalado en el punto anterior. Esta garantía se disminuirá anualmente de acuerdo al cronograma aprobado, ejecutado y fiscalizado; h) Fotografías de las áreas afectadas.

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1. Tipos de Concesiones Mineras: La legislación minera peruana fija cuatro tipos de concesiones según las distintas etapas del quehacer minero: a) Concesión minera (derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales); b) Concesión de beneficio; c) Concesión de labor general; y, d) Concesión de transporte minero. Cabe señalar que con respecto a la comercialización de productos minerales, ésta es libre, interna y externamente, y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión.

2. Derechos de los Titulares de las Concesiones: a) Solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres en terrenos de terceros y/o sobre los terrenos superficiales de otras concesiones; b) Construir en las concesiones vecinas, las labores que sean necesarias al acceso, ventilación y desagüe de sus propias concesiones; c) Usar las aguas que sean necesarias; d) Aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que alumbren con sus labores; e) Inspeccionar las labores de concesiones mineras vecinas o colindantes; f) Contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con empresas especializadas inscritas en la DGM.

2. Principales Obligaciones: Cada una de las concesiones mencionadas además de involucrar derechos implica obligaciones. En el caso del concesionario minero (exploración y explotación) se pueden señalar las siguientes obligaciones: a) Pago del Derecho de Vigencia por año y por hectárea: para el régimen general es de US$ 3.00, para los pequeños productores mineros es de US$ 1.00, y para los productores mineros artesanales es de US$ 0,5; b) Realizar sus labores respetando las normas de seguridad, higiene y ambiente; c) Permitir el libre acceso a las autoridades encargadas de la fiscalización; d) Mantener una Producción Mínima Anual por hectárea, calculada en dólares (a cumplirse antes del final del décimo año, y de no alcanzarse se deberá pagar una penalidad equivalente al 10% de la PMA por hectárea hasta que se logre alcanzar dicha producción. Si no se lograse dicho objetivo hasta el final del décimo quinto año, se declarará la caducidad de la concesión; sin embargo, se puede prorrogar por cinco años más la declaración de la caducidad si el incumplimiento se debe a causas de fuerza mayor, caso fortuito o hecho no imputable al titular minero, o si se ha realizado inversiones en la concesión en las cantidades que fija la ley); e) Asimismo, todo titular de la actividad minera está obligado al pago de la regalía minera y al canon minero.

3. Causales de Caducidad: Las concesiones en la actividad minera se conceden sin fecha límite y solo finaliza el derecho cuando se incurra en las causas que se señalan en la ley, siendo ellas las siguientes: a) Cuando se incumple con el pago del derecho de vigencia o de la penalidad por dos años, sean estos consecutivos o no; b) cuando no se cumple con la Producción Mínima Anual (PMA).

4. El Procedimiento Ordinario para la Obtención de una Concesión Minera: En primer lugar se deberá identificar claramente el área que se desea; para ello, se tendrá que determinar las coordenadas exactas de la zona que se desea pedir tomando como referencia la Carta Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Las áreas a concesionarse están preestablecidas en extensión y en forma de cuadrícula (la extensión de una concesión minera se encuentra entre un mínimo de 100 ha y un máximo de 1,000 ha, si la concesión es en tierra, y entre 100 y 10,000 ha si la concesión se realiza en el mar).

4.1 Con la identificación del área se deberá iniciar el trámite legal ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) mediante la presentación de un petitorio minero. En esta solicitud se deberá indicar los datos del peticionario, nombre del petitorio minero, la extensión superficial solicitada, el tipo de sustancia a extraer (metálica o no metálica), nombre y domicilio del propietario del terreno superficial donde se ubique el área solicitada, en caso fuere conocido, la ubicación del área solicitada (distrito, provincia, región) y las coordenadas UTM de la cuadrícula o de la poligonal cerrada del conjunto de cuadrículas solicitadas, indicando el nombre de la carta y zona en que se ubica el petitorio.

El peticionario también presentará el formato debidamente diligenciado denominado Compromiso Previo (Decreto Supremo N° 042-2003-EM), donde se compromete bajo declaración jurada a respetar el medio ambiente y a la población del área de influencia de la actividad minera, fomentar preferentemente el empleo local, etc. Adicionalmente se deben presentar los comprobantes de pago del derecho de trámite (10% de una UIT) y del Derecho de Vigencia correspondiente al primer año, y de ser el caso, la calificación de pequeño productor minero.

4.2 Una vez presentado el petitorio para la concesión minera, el INGEMMET y las entidades competentes darán inicio al procedimiento de consulta a aquellas poblaciones a las que señala la legislación de la materia (pueblos indígenas u originarios y otros). Una vez culminado el proceso de consulta, el expediente del petitorio pasará a la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET.

4.3 La Dirección de Concesiones Mineras tiene siete (7) días hábiles para revisar el petitorio a efectos de determinar si cumple o no con todos los requisitos de ley y dentro de ese plazo elaborará sendos informes: a) Evaluación técnica: Verifica con la Carta Nacional que las coordenadas UTM estén correctamente formuladas e identifica si se trata de zonas de frontera, marítima o posee una franja de traslape. De igual manera, analiza los casos de las superposiciones, tanto con áreas de otras concesiones como con áreas restringidas a la actividad minera (zonas arqueológicas, proyectos especiales, Áreas Naturales Protegidas, áreas urbanas, etc.). También se determina la demarcación política del petitorio, definición que se realiza tomando en cuenta la información disponible en el INEI; b) Informe legal: Verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General de Minería y el reglamento de procedimientos mineros. Además, corrobora si el petitorio reúne todos los requisitos para ser admitido y si toda la información requerida está consignada en el formulario.

4.4 En caso el petitorio cumpla con todos los requisitos, se le notificará al solicitante los respectivos carteles para su publicación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación en el diario oficial El Peruano y en un diario de la capital de la región donde se ubica la concesión minera, con la finalidad de dar a conocer su solicitud y dejar abierta la posibilidad que tiene cualquier persona que se considere afectada en su derecho, a formular oposición al petitorio.

4.5 Las publicaciones en los periódicos deben ser presentadas al INGEMMET para que el expediente sea nuevamente evaluado por las áreas legal y técnica. En este segundo análisis, el informe técnico actualiza la información del primer informe técnico, en tanto que podría presentarse el caso que se haya tomado conocimiento de una nueva área restringida o de alguna actualización en los datos de demarcación del INEI u otro similar. Por su parte, el segundo informe legal da cuenta del cumplimiento del procedimiento de solicitud de la concesión, como los plazos de publicación, las publicaciones sin errores y el análisis de opiniones favorables de otros sectores que condicionan el otorgamiento de las concesiones. Por ejemplo, en caso el petitorio incluya zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, la solicitud será enviada al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que emita su opinión. La Dirección de Concesiones Mineras tiene 30 días hábiles para emitir los informes en cuestión, y 5 días hábiles para remitir el expediente al presidente del INGEMMET.

4.6 En base a la segunda evaluación técnica y legal, el presidente del INGEMMET emite una resolución en la que se otorga el título de la concesión minera, la misma que será publicada en el diario oficial El Peruano. El Jefe del INGEMMET aprobará el título no antes de 30 días desde la última publicación del cartel.

4.7 Luego que la autoridad haya expedido el título de concesión, el interesado deberá inscribirlo en el registro de Derechos Mineros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

5. Aspectos a tener en cuenta: Podemos mencionar los siguientes:

5.1 Si bien la concesión le da el derecho al titular minero sobre los recursos que se encuentran en el subsuelo, esta no otorga derecho sobre el terreno superficial. Para ello, el titular minero deberá, previo acuerdo con el propietario del terreno, en caso existiese, obtenerlo a través de la compra, contrato de alquiler o cualquier otra forma establecida por la legislación peruana. En caso el titular de la concesión y el dueño del terreno no se pongan de acuerdo, existe una figura adicional llamada servidumbre a través de la cual el Estado establece un “justiprecio” para el área del terreno a ser pagado a su dueño.

5.2 El inicio del trabajo minero en sí debe cumplir con un conjunto de procedimientos y requisitos adicionales. Previo a iniciar los trabajos de exploración o explotación, se deberá gestionar permisos, licencias y autorizaciones ante diversas entidades públicas tales como el Ministerio de Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua, Instituto Nacional de Cultura y otras, así como la aprobación de los correspondientes instrumentos de gestión ambiental (Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Detallado y Plan de Cierre de Minas). Todos estos requisitos se encuentran expresamente indicados en el Decreto Supremo N° 059-2008-EM.

5.3 Existen áreas del territorio que para ser dadas en concesión exigen cubrir requerimientos adicionales. Cuando se trata de petitorios que involucran áreas urbanas, solo se procederá en tanto exista una ley especial que así lo autorice. En el caso que la solicitud involucre áreas de expansión urbana, debe previamente solicitarse a la municipalidad provincial que se pronuncie a favor de dicha solicitud, y solo con la respuesta positiva se puede acceder a obtener la concesión.

5.4 En las Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto (como Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos) no se puede realizar actividad minera. En aquellas de uso directo (como Reservas Nacionales y Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza y Áreas de Conservación Regionales) solo se podrá realizar minería si es que no perjudica los objetivos por los cuales se estableció dicha área y cumple, al mismo tiempo, con ciertos requisitos como ser compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área. Si la solicitud de concesión abarca total o parcialmente un Área Nacional Protegida de uso directo o zona de amortiguamiento, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) la institución estatal que deberá opinar favorable o desfavorablemente para su otorgamiento.

5.5 Si el área solicitada en la concesión es zona de frontera y la persona (natural o jurídica) que realiza la solicitud es extranjera, debe obtenerse previamente un decreto supremo que lo autorice a ejercer dicha actividad en la frontera.

5.6 En caso de aquellas concesiones mineras que involucren áreas que comprendan terrenos ocupados por monumentos arqueológicos o históricos, carreteras, gaseoductos, cuarteles, obras de defensa nacional, entre otros, la legislación sobre la materia señala que deberá respetarse la integridad de las referidas construcciones e instalaciones.

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1. Adquisición del formulario de solicitud de contrato de concesión: Para adquirir el formulario de solicitud de Contrato de Concesión se consigna la tasa respectiva en la cuenta corriente que para el efecto tenga la autoridad minera o la entidad delegada por ésta. Con el recibo original de la consignación se reclama el formulario de Solicitud de Contrato de Concesión en la sede correspondiente.

2. Aspectos a tener en cuenta para formular la propuesta de contrato de concesión: a) Tener capacidad legal; b) No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad  para contratar; y, c) Libertad del área solicitada (zonas de reserva especial, de seguridad nacional y zonas excluibles de la minería).

3. Requisitos de la propuesta: a) Nombre, identificación y domicilio del interesado; b) Señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicación del área o trayecto solicitado; c) Descripción del área objeto del contrato, y de su extensión; d) Indicación del mineral o minerales objeto del contrato; e) Mención de los grupos étnicos (con asentamiento permanente) en el área o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera indígena, de comunidades negras o mixtas; f) Autorizaciones o conceptos de otras autoridades, en el caso de que el área abarque, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para la exploración y explotación minera;

“De acuerdo con el artículo 35 del Código de Minas, podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se expresan a continuación: (i) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras; (ii) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares anexos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores; (iii) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural siempre y cuando se cuente con la autorización de la autoridad competente; (iv) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas públicas de transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad competente; (v) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscrita a un servicio público siempre y cuando: * cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; * que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por ejecutarse; y,* que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio; (vi) En las zonas constituidas como zonas mineras indígenas, zonas mineras de comunidades negras y zonas mineras mixtas, siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar”.

g) Señalamiento de los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de exploración y el estimativo de la inversión económica resultante de la aplicación de tales términos y guías; h) Plano de localización del área solicitada con las coordenadas planas de los vértices o los rumbos y distancias de los lados del polígono a partir de un punto arcifinio, que cumpla con: (i) Los principios, criterios y reglas técnicas propias de la ingeniería, geología y la topografía aceptadas y divulgadas oficialmente; y, (ii) Las normas técnicas oficiales para la presentación de planos y mapas aplicados a la minería (Decreto 3290 del 18.11.2003); i) Manifestación expresa de su compromiso de realizar los trabajos de exploración técnica con estricta sujeción a las guías ambientales (Resolución 18 0859 del 20.08.2002).

4. Presentación de la propuesta: La propuesta de contrato se presentará por el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o alcalde de la residencia del proponente, o por envío a través de correo certificado. También será admisible la presentación de la propuesta a través de medios electrónicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin. En el evento de que una primera propuesta concurriere con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendrá como fecha de presentación la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y hora en que la empresa de correo certificado expida el recibo de envío.

4.1. En el evento de un empate: Para garantizar el derecho de prelación el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1160 del 19.04.2006, el cual establece que en caso de empate en la presentación de solicitudes de propuestas de contratos de concesión, este se resolverá por sorteo público entre los proponentes cuyas solicitudes reúnan los requisitos legales establecidos en el artículo 271 del Código de Minas. Dicho sorteo se efectuará dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de la recepción de las propuestas; el ganador accederá al derecho de preferencia respecto del área solicitada y con este se continuará el trámite.

4.2. Derecho de prelación: Presentada la propuesta, si cumple con los requisitos exigidos por el artículo 271 del Código de Minas, se procederá a congelar definitivamente el área a favor del proponente y se continúa con el trámite estipulado. Cuando la propuesta no cumpla con los requisitos previstos por el Código de Minas y siempre que éstos sean subsanables, la autoridad minera reservará provisionalmente el área (respetando el orden de prelación) y requerirá al proponente para que en el término de 30 días corrija o subsane. Sí transcurrido ese tiempo no se allegaren los requisitos exigidos, se rechazará la propuesta mediante resolución motivada, contra la cual procede el recurso de reposición, y firme el acto, se pasará al estudio de la siguiente propuesta que debe cumplir el mismo trámite.

5. Revisión técnica y jurídica de la propuesta: Una vez recibida la propuesta se debe establecer que ésta cumpla con los siguientes requisitos: a) La diligencia de presentación personal ante la autoridad minera o ante notario o alcalde de la residencia del proponente; b) La identificación del proponente; c) El área para explorar y explotar no abarque más de diez mil hectáreas; d) El área para explorar y explotar minerales en el cauce de una corriente de agua, esté determinada por un polígono de cualquier forma que dentro de sus linderos abarque dicho cauce continuo en un trayecto máximo de 2 kilómetros, medidos por una de sus márgenes; e) El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una corriente de agua, no supere las cinco mil hectáreas, delimitadas por un polígono de cualquier forma y dentro de cuyos linderos contenga un trayecto de hasta cinco kilómetros, medidos por una de sus márgenes; f) El acto administrativo fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida; g) Que la propuesta cumpla con los demás requisitos previstos por el artículo 271 del Código de Minas; h) Que los documentos de orden técnico que se presenten con la propuesta estén refrendados por geólogo, ingeniero de minas o ingeniero geólogo matriculados, según el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas profesiones; i) El término de duración de la sociedad no sea inferior al plazo del contrato y un año más; j) Los demás requisitos subsanables.

Cuando no se cumpla con uno o varios de los requisitos mencionados, la autoridad minera, sin perjuicio del término previsto por el artículo 275 del Código de Minas, cuenta con 30 días para solicitar al proponente que corrija o subsane. La captura o congelación del área sólo procederá cuando se cumpla con los requisitos para presentación de la propuesta, o se corrija o subsane de conformidad con lo estipulado en el artículo 273 del Código de Minas.

6. Rechazo de plano: Dentro del término de 30 días, contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta, la autoridad minera deberá rechazar, mediante resolución que es objeto de recurso de reposición, las propuestas de contrato de concesión cuando se verifique que: a) El área pedida en su totalidad se halle ubicada en el sistema de parques de que trata el artículo 34 del Código de Minas y las zonas que por acto administrativo de autoridad competente excluyan la actividad minera en áreas de reserva forestal; b) El área se superponga totalmente a propuestas que cumplan con los requisitos legales previstos en la norma o a contratos anteriores vigentes; c) El área se superponga totalmente a contratos donde el concesionario haya hecho uso del derecho de adición al objeto de la concesión, siempre y cuando el mineral o minerales adicionados coincidan con los solicitados por los terceros proponentes; d) El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar; e) Exista por parte del proponente incapacidad legal, de conformidad con lo establecido en la Ley Civil, Código de Minas y Ley 80 de 1993; y, f) Cuando las personas jurídicas no contemple dentro del objeto social, la exploración y explotación de minas.

7. Oposiciones: La oposición es un medio por el cual el beneficiario de un título minero hace respetar sus derechos frente a terceros y frente a la misma administración. De acuerdo con el artículo 299 del Código de Minas, pueden oponerse las siguientes personas: a) Quien tenga un título vigente sobre todo o parte del área solicitada, referente a los mismos minerales; y, b) Quien tenga sobre la misma área una propuesta anterior, también vigente.

8. Áreas con superposiciones:

8.1. Superposición Parcial: De oficio, por parte de la autoridad minera, se realiza una reducción de área, la cual se le informa al interesado mediante auto en el que se le requiere para que acepte y allegue la información pertinente. Transcurrido el término concedido, y en el caso de no aceptar el recorte del área, no presentar la documentación o de no cumplir con los requerimientos señalados, se declara el desistimiento de la solicitud de propuesta mediante resolución que se notifica personalmente o en su defecto por edicto. Contra esta resolución procede recurso de reposición. En caso de ser aceptada por el área restante y cumplir con los requisitos requeridos, se elabora la minuta de contrato único de concesión y se remite el expediente al competente para la firma.

8.2. Superposición con otro mineral: Sobre el área objeto de una concesión en la que se cuente con el programa de trabajos y obras aprobado, podrán los terceros solicitar y obtener un nuevo contrato sobre minerales distintos de los de aquella si el concesionario no ha ejercitado el derecho a adicionar al objeto de su contrato, en los términos del artículo 62 del Código de Minas. En este evento las solicitudes de dichos terceros sólo se podrán aceptar una vez que la autoridad minera haya establecido, por medio de peritos designados por ella, que las explotaciones de que se trate sean técnicamente compatibles.

9. Presentación de la propuesta en áreas ocupadas por grupos étnicos: El Ministerio del Interior notificará a los grupos étnicos ocupantes del área, que se ha presentado una propuesta de contrato de concesión, para que comparezcan a hacer valer su derecho de preferencia en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la misma.

10. Resolución de oposiciones: Vencido el término de 30 días para que los grupos étnicos ubicados en el área de la propuesta hagan valer su derecho de preferencia, en una sola providencia se resuelven las oposiciones presentadas y se definen las áreas sobre las cuales se haya ejercido tal derecho. Si las oposiciones y superposiciones aceptadas comprenden sólo parte del área pedida, se restringe la propuesta a la parte libre.

11. La propuesta cumple con los requisitos: Si el proponente cumple con los requisitos de la propuesta o atiende oportunamente los requerimientos de subsanar las deficiencias, el abogado elabora la minuta de contrato único de concesión y envía el expediente al competente para citar al proponente o proponentes para firma del Contrato de Concesión.

12. Póliza minero ambiental: Al celebrarse el contrato de concesión minera el interesado debe, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de celebración del mismo, constituir una póliza de garantía de cumplimiento, para amparar el cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales, el pago de multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsiste la obligación para el contratista de reponer dicha garantía. El valor asegurado se calcula con base en los siguientes criterios: a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad; b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto; y, c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el gobierno.

El funcionario competente recibe y evalúa la póliza minero ambiental y si la encuentra de conformidad con lo previsto en la norma, la aprueba, de lo contrario, mediante auto, concede término de 10 días para que a partir de la notificación, aporte la modificación requerida. En el evento de no presentar la póliza al contrato, se requiere al interesado para que en el término de 2 meses contados a partir de la notificación del requerimiento, allegue la póliza, so pena de entender desistido el trámite de perfeccionamiento del contrato.

Aprobada la póliza se envía el expediente al competente para su inscripción y posterior envío a Fiscalización y Ordenamiento Minero.

13. Fases del contrato de concesión: El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de: a) Exploración; b) Construcción y montaje; y, c) Explotación.

14. Duración del contrato de concesión: El contrato de concesión se pacta por el término que solicite el proponente y hasta por un máximo de 30 años. Dicho término se cuenta desde la fecha de inscripción del contrato en el registro minero nacional.

15. Prórroga del contrato: Antes de vencerse el período de explotación, el concesionario puede solicitar una prórroga del contrato de concesión por 30 años adicionales. Dicha prórroga se perfeccionará mediante acta suscrita por las partes y se inscribirá en el Registro Minero. Vencida la prórroga, el concesionario tiene preferencia para contratar de nuevo la misma área, caso en el cual no tendrá que suspenderse la explotación mientras se perfecciona el nuevo contrato.

Para mayor información sobre el tema tratado puede efectuar sus preguntas por este medio o contactarse con nuestros abogados. http://mirandalawyers.com/bloglegal/?p=327 /    http://mirandalawyers.com/portal/?page_id=47

1. Relaciones Laborales entre Trabajadores y Empleadores:

Los empleadores pueden celebrar contratos a plazo fijo o indefinido con los trabajadores.

Los contratos laborales que contengan beneficios distintos a los legales deben ser por escrito con el fin de reflejar los términos y condiciones acordados por las partes que sean diferentes a aquellos establecidos por la ley. Los contratos laborales que sean a plazo fijo deben ser reportados a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Los contratos a plazo fijo pueden ser renovados varias veces pero en términos agregados no pueden superar los cinco años de duración. Los trabajadores contratados a plazo fijo tienen los mismos derechos y beneficios laborales que los trabajadores contratados a plazo indefinido.

El régimen laboral general establece una jornada laboral de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo.

La remuneración mínima vital para el año 2011 es de S/. 600.00 Nuevos Soles.

El trabajo en sobretiempo se abona con un recargo a convenir, el mismo que no podrá ser inferior al 25% del valor hora-ordinaria (calculado sobre la remuneración ordinaria), para las primeras dos horas, y 35% para las horas restantes.

El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de veinticuatro horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos reconocidos por la ley. En algunos sectores los empleadores pueden establecer regímenes laborales alternativos o acumulativos, dependiendo de los requerimientos de producción.

Cuando el trabajador cumple una jornada mayor a cuatro horas diarias, los empleadores están obligados a pagarles una Compensación por Tiempo de Servicios (equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio), en calidad de beneficio social como previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo. Existen reglas específicas para pagar y depositar la CTS.

Los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones legales, en julio y diciembre de cada año, equivalentes a una remuneración mensual en cada oportunidad.

Los trabajadores de empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y sujetos al régimen de la actividad privada con 20 o más trabajadores, participan en las utilidades de la empresa, según los porcentajes establecidos por la ley.

Los trabajadores tienen derecho a un período vacacional de 30 días calendarios por cada año completo de servicios bajo un mismo empleador, siempre que hayan trabajado al menos cuatro horas por día.

Una vez que el trabajador ha superado el período de prueba, solo puede ser despedido por causa justa establecida en la ley. Los trabajadores que sean despedidos sin causa justa tienen derecho a recibir una indemnización por despido arbitrario, a razón de una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios, para contrato a plazo indefinido, y de una remuneración y media por cada mes restante hasta el término del contrato en caso de contrato a plazo fijo. En ambos casos, la indemnización no podrá exceder de 12 remuneraciones mensuales.

El plazo de prescripción para que el trabajador reclame sus beneficios laborales es de cuatro años.

Existe una licencia de maternidad equivalente a 90 días. Además existen 13 leyes protectoras de la maternidad y la niñez.

Actualmente la negociación por ramas o por sectores sólo se da en construcción civil.

El trabajador tiene derecho a un seguro de vida, una vez cumplido 4 años de trabajo al servicio del mismo empleador.

Para trabajadores que laboran en un centro de trabajo de alto riesgo, el empleador tiene que proporcionarles el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo creado por la Ley N° 26790.

2. Contribuciones del Trabajador y Empleador: Tanto el trabajador como el empleador efectúan diferentes contribuciones para beneficio del primero. Entre dichas contribuciones tenemos:

Fondo de Pensiones: Si el trabajador se encuentra bajo el sistema privado de pensiones el empleador debe descontarle de su remuneración mensual una tasa del 12,5% aproximadamente. En caso el trabajador se encuentre bajo el sistema público de pensiones la tasa es del 13%. Para el caso de extranjeros afiliados al sistema privado de pensiones, cuando éstos se van del país pueden solicitar la transferencia al extranjero de los fondos que acumularon durante su permanencia en el país.

Impuesto a la Renta: Este impuesto se le descuenta al trabajador cada mes, siendo necesario para ello que se realice una proyección de la remuneración anual del trabajador deduciendo la suma de siete UIT para el año 2011 (S/. 25,200) y a la diferencia obtenida se le aplicará las siguientes tasas: (a) si la diferencia es menor o igual a 27 UIT, la tasa es del 15%; (b) si la diferencia es mayor a 27 UIT y menor a 54 UIT, la tasa es del 21%; (c) si la diferencia es mayor a 54 UIT, la tasa es del 30%. Una vez que la tasa sea aplicada a la diferencia, se obtendrá el resultado del impuesto anual que será dividido entre los meses del año.

Seguridad Social (ESSALUD): Los empleadores están obligados a registrar a sus trabajadores en el sistema nacional de salud, así como a pagar un equivalente al 9% de la remuneración mensual del trabajador.

Sistema Privado de Salud: Es posible para los trabajadores afiliarse a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la cual es complementaria al servicio prestado por ESSALUD. En este caso, el empleador debe pagar el costo del servicio de la EPS y puede pagar 6,75% de la remuneración mensual a ESSALUD.

Es preciso señalar que también existe un régimen laboral especial aplicado a las MYPES, el cual trataremos en un artículo posterior. De igual forma existen otras formas de contratación de trabajadores (intermediación laboral y tercerización).

Para mayor información sobre el tema tratado puede efectuar sus consultas por este medio haciendo click en el título del artículo publicado: http://mirandalawyers.com/bloglegal/?p=110#more-110; Adicionalmente, si desea contratar los servicios profesionales del Estudio, póngase en contacto con nosotros al (511) 670 7430 o al correo info@mirandalawyers.com